Nuestros derechos de reunión y manifestación tienen fecha de recorte: el próximo 1 de julio. Ese es el día que entrarán en vigor las “Leyes Mordaza”, que el Gobierno ha sacado adelante a pesar de la intensa oposición y las advertencias de la Unión Europea y Naciones Unidas. Su propósito: desactivar la contestación social hacia sus políticas.
Hoy en día hay derechos incuestionables. Sin embargo, a veces no les prestamos la suficiente atención. Los asumimos y damos por hecho en nuestro día a día, a veces sin darnos cuenta de su fragilidad y excepcionalidad, del enorme esfuerzo que ha costado conseguirlos durante muchas generaciones, y de la fortuna que tenemos de poder disfrutar de ellos. Es la misión de todos cuidarlos para que no se marchiten, sobre todo porque están para las personas, para hacer una sociedad cada vez más justa y armoniosa, donde se limen las diferencias sociales y pueda haber una verdadera democracia.
Ahora es uno de esos momentos críticos en los que tenemos que defender esos derechos. En concreto las libertades de expresión, reunión, manifestación e información. El Gobierno del Partido Popular las ha sentenciado a muerte con sus reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y Código Penal, más conocidas como “Leyes Mordaza”, que aprobó el pasado 26 de marzo en solitario, y que entrarán en vigor el próximo 1 de julio.
Con estas reformas el Gobierno ambiciona desactivar la contestación social a sus políticas a base de multas copiosas y discrecionales, especialmente a aquellas nuevas formas de protesta que han surgido en los últimos años, impulsadas por la crisis y la corrupción.
La ley castigará concentraciones para parar los deshaucios, acampadas como las del 15M, protestas frente al Congreso de los Diputados, o incluso reivindicaciones creativas como cantar flamenco en una sucursal bancaria. También castigará las protestas más características de Greenpeace como descolgar pancartas de edificios o sobrevolar centrales nucleares. Más allá de casos de protesta, la ley también ha sido duramente criticada por otros temas, como el trato al que condena a los inmigrantes.
Por todo ello, las “Leyes Mordaza” ya cuentan con la oposición de organismos tan diversos como ONG ambientales, humanitarias y religiosas, movimientos sociales, sindicatos policiales, asociaciones de juristas y abogados, e incluso la Unión Europea y Naciones Unidas. Además, todos los partidos políticos de la oposición han firmado un compromiso de derogación cuando el Partido Popular abandone el Gobierno.
Por muchas leyes que lo intenten, no nos vamos a callar. Vamos a seguir luchando por nuestros derechos fundamentales, por una democracia sana y por un medio ambiente saludable. Vamos a seguir protestando por la protesta. Porque, como ya dijimos con una enorme pancarta en la Puerta del Sol de Madrid, símbolo de los movimientos sociales, “la protesta también es democracia”. Es nuestra responsabilidad defenderla.
